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INGRESO MÍNIMO VITAL

El ingreso mínimo vital es una prestación económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por carecer de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Es considerada una renta intransferible ya que el beneficiario no puede traspasar su prestación a otra persona.

Su principal objetivo es prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social.


Personas beneficiarias

  1. Unidad de convivencia: todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas por vínculo matrimonial, pareja de hecho o vínculo hasta segunda grado de consanguinidad, afinidad o adopción. También lo serán las personas víctimas de violencia de género que hayan abandonado su domicilio familiar habitual, las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio (en estos dos últimos casos acompañadas de sus hijos o menores) y personas de entre 23 y 65 años que no mantengan vínculo familiar pero habiten en el mismo domicilio.

  2. Personas de entre 23 años y 65 años que vivan solas y no estén unidas por vínculo matrimonial o pareja de hecho y hayan iniciado los trámites de separación y divorcio.

  3. No podrán ser beneficiarias de la prestación las personas usuarias de una prestación de servicio residencial (ayudas recibidas para acceder a los servicios de los centros de día), de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos.

  4. No se exigirá ninguno de los anteriores requisitos en los casos de mujeres víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual.


Requisitos de acceso

  1. Tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. No se exigirá este cumplimiento para los menores incorporados por nacimiento, adopción o guarda.

  2. Las personas víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual deberán acreditarlo mediante un informe emitido por los servicios públicos encargados de su atención integral o los servicios sociales.

  3. Mujeres víctimas de violencia de género.

  4. Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, es decir, que el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables sea inferior, al menos en 10€, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación. A estos efectos nos se computarán como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas, becas, ayudas de estudio, etc.

  5. Haber solicitado las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho, a excepción de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

  6. Figurar inscritos como demandantes de empleo si no están trabajando.

  7. Haber vivido de forma independiente durante al menos 3 años antes de la solicitud del ingreso mínimo vital. Esto no se exigirá para los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente de menores, mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, etc.


Cuantía del ingreso mínimo vital

Se asigna un umbral que varía entre los 462 y los 1.015€ al mes en función del número de personas que convivan como beneficiarios y de sus características.

En el caso de que se disponga de algún tipo de ingresos, la cuantía vendrá determinada por la diferencia entre la suma del conjunto de recursos económicos y el importe de la renta garantizada.

Duración, modificación y extinción

El derecho a percibir la prestación económica del ingreso mínimo vital se mantendrá mientras permanezcan los motivos que dieron lugar a su concesión y se cumplan los requisitos y obligaciones previstos.

El cambio en circunstancias personales, económicas o patrimoniales podrá comportar una disminución a aumento de la prestación económica.

El derecho a la misma se extinguirá por fallecimiento del beneficiario, pérdida de los requisitos exigidos, resolución de un procedimiento sancionador, salida del territorio nacional sin comunicación ni justificación a la entidad gestora superior a 90 días naturales, etc.



Y recuerden, el plazo para iniciar la solicitud comienza el próximo día 15 de junio de 2020. Asimismo, queremos insistir en que en ningún caso una misma persona podrá formar parte de dos o más unidades de convivencia.


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